SAN VALENTIN ES, AHORA SI, PARA TODOS
Por Luisa Miranda
Deslizando automáticamente los dedos sobre la pantalla del celular y revisando el multidiverso contenido de las redes sociales, una de estas tardes me percaté de que, entre el golpeteo de la enorme cantidad de posts con ofertas de lugares y regalos relacionados con la celebración del próximo Día de San Valentín, había una imagen que se destacó ante mis ojos y me hizo detenerme para reflexionar.
Se trataba de una invitación para participar en las ya tradicionales Bodas Colectivas que organizan varios Ayuntamientos en Morelos, en México e incluso en algunos lugares en el mundo. Pero en esta ocasión, en el anuncio podían distinguirse, además de la típica y tradicional pareja heterosexual, a parejas diversas constituidas por dos mujeres o dos hombres, tomados de las manos. Hace apenas 7 años, en Morelos esto hubiera sido impensable.
La lucha por las reivindicaciones humanas de la comunidad LGBT+ en el mundo es amplia y compleja. En esta ocasión procuraré hablar exclusivamente del reconocimiento legal que las parejas del mismo sexo han logrado a través del tiempo, lo cual en sí mismo es una importantísima parte en esta lucha.
La Asociación Americana de Psiquiatría, retira a la homosexualidad de su lista de “desviaciones sexuales” de su Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en el año de 1973. A su vez, la Organización Mundial de la Salud hace lo propio en 1989. Este es el principio de mayor justicia para la reivindicación de la que antes hablábamos, y el precedente que permitirá dar, a quien le pertenece, la calidad de ser humano, con derechos intrínsecos.
Recuerdo haber visto hace varios años una película llamada Si las paredes hablaran 2 (Estados Unidos. 2000. Coolidge, Heche, Anderson) dividida en tres historias. La primera muestra a dos mujeres maduras, cuya relación es rechazada por sus familiares, y la situación de indefensión legal en que queda una de ellas cuando muere la otra. Sólo hasta entonces caí en la cuenta de lo que esto representaba.
En México hace 20 años las parejas homosexuales carecían de reconocimiento legal, pero todo comenzaría a cambiar en el año 2006, cuando el 16 de noviembre se publicara en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal una de las leyes más importantes en la historia de los derechos LGBT+.
En el 2000 Enoé Uranga se convierte en la primera diputada de la Ciudad de México abiertamente lesbiana. Desde su trinchera, un año después propuso a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal crear la Sociedad de Convivencia para otorgar a parejas conformadas por personas del mismo sexo, reconocimiento legal, derechos y obligaciones. La propuesta fue de inmediato rechazada por los partidos conservadores: PAN, PRI y hasta parte de la bancada del PRD, al que Uranga pertenecía.
Tendrían que pasar 5 años de manifestaciones y lucha para que por fin en el año 2006 la Ley de Sociedades de Convivencia fuera aprobada. Y con ello, el primer gran logro de las parejas LGBT+ que desearan formar un hogar en común, pues podrían registrar su unión en sus demarcaciones territoriales, adquiriendo con ello derechos y obligaciones en materia hereditaria y alimenticia. La primera gran reivindicación legislativa.
Esta figura jurídica, sin embargo, representaba una especie de wannabe, pues era una manera en que las parejas LGBT+ emulaban el verdadero matrimonio. La lucha continuó, pero los principales opositores a permitir el matrimonio entre la comunidad homosexual eran la iglesia y los partidos conservadores, cuya postura exigía reservar el concepto de matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer.
Sería la Ciudad de México la que, en la vanguardia, diera el sí al matrimonio igualitario, que se aprobó por primera vez el 21 de diciembre de 2009 y entró en vigor en marzo de 2010. No obstante, ambas figuras –Matrimonio y Sociedad Conyugal- permanecen en la legislación y otorgan a las parejas LGBT+ o a quienes las contraigan, derechos y obligaciones similares. Sin embargo, su principal diferencia es simbólica y, sobre todo ética.
La figura de azúcar de los novios sobre el pastel la pondría, algunos años después, el 19 de junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó que es inconstitucional restringir el concepto de matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer con el fin de procrear. No existe justificación para dar un estatus distinto a las uniones civiles de las parejas dependiendo de la orientación sexual de sus integrantes. Por ende, se debe garantizar el derecho de las parejas LGBT+ a contraer matrimonio.
Con esta resolución de la entidad más importante en materia legislativa, los años siguientes, paulatina pero consecuentemente, cada uno de los estados de la República Mexicana, se fueron sumando, uno a uno, a legislar a favor del matrimonio igualitario en sus demarcaciones.
El 28 de junio de 2016, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo LGBT +, el Congreso local y la mayoría de los municipios de Morelos aprobaron reformas a la Constitución Política, el Código Familiar y el Código Procesal Familiar en favor del matrimonio igualitario.
El matrimonio igualitario ya es legal en todo México después de que Tamaulipas se convirtiera en el último estado en aprobar esta medida en el país. Entre cantos y gritos de los grupos a favor y en contra de esta reforma del Código Constitucional, el pasado 26 de octubre del 2022 fue avalado con 23 votos a favor, 12 en contra y una abstención.
En los últimos meses, el avance por el matrimonio igualitario había crecido. En 2022, siete estados aprobaron esta medida, tres de ellos en las últimas dos semanas. Con esto, México pasa a la lista de países de Latinoamérica que aprueba el matrimonio igualitario como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Cuba y Uruguay.
Por fin estamos celebrando el amor, nuestros derechos, por fin estamos en el lado correcto de la historia dijo Denisse Mercado Palacio, activista de los derechos LGBT+ en Tamaulipas.
Feliz San Valentín.