El Gobernador Greg Abbot, endurece medidas para ganar popularidad
Gobierno de México impugnará esta medida para proteger a nacionales El Gobernador de Texas Greg Abbot, con el apoyo de legisladores republicanos de su estado, logró aprobar la Ley SB4 que convierte en delito estatal la entrada ilegal a Texas y permite a las autoridades locales detener y deportar, con la autorización de un juez a una personas solo por su apariencia, es decir que bajo la sola sospecha de ser posible inmigrante ilegal, será enviado a México, lo cual aplicará no solo para los mexicanos, sino para cualquier persona sin importar su país de origen. La ley promulgada este lunes entrara en vigor en marzo del 2024, año en que se celebrarán elecciones en Estados Unidos para elegir a un nuevo Presidente, siendo Donald Trump el más fuerte aspirante por el lado republicano, y Abbot, aspirante a Vicepresidente. Esta es la razón, dijo este martes el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la que el Gobernador de Texas ha impulsado esta ley estatal, que será impugnada por su gobierno por sobrepasar las atribuciones que competen al Gobierno Federal, que protege sus fronteras a través del Servicio Nacional de Migración. “A él se le olvida que Texas era de México, (así) como diez estados de la Unión Americana y se le olvida que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y se le olvida que esa gran nación se consolidó, se fortaleció gracias a los migrantes del mundo”. En tanto, el gobierno de Texas estaría aplicando Mil 500 millones para construir un muro fronterizo en la línea territorial de Texas, aunque ya se han implementado otras medidas a la fecha que incluyen la colocación de boyas y alambre de púas en el Rio Bravo para inhibir el paso de migrantes, elevando el número de muertes en la zona fronteriza, además de que para los reincidentes la pena alcanzaría los 20 años de prisión. Estas medidas han sido criticadas por organizaciones civiles como la ley más dura promulgada en un estado de la Unión Americana en los últimos 20 años al permitir que autoridades locales puedan pedir documentos en cualquier lugar. De no tenerlos en ese momento la persona podrá ser detenida y deportada a México. Esto, han señalado organizaciones defensoras de los derechos humanos, vulnera los derechos de los migrantes, ya que no habría una investigación debida para quienes cruzan la frontera en busca de asilo por razones humanitarias.